Presentaron un amparo colectivo para frenar la anulación de pensiones que ordenó el Gobierno

Dos organizaciones sociales y legisladores de Río Negro presentaron ante la Justicia Federal de Viedma un amparo colectivo para frenar la anulación de las 170 mil pensiones no contributivas que la actual administración de Cambiemos justificó como “una depuración del padrón

Habrá presentaciones similares en otras cuatro provincias que serán la antesala de un proyecto que esta semana se presentará en el Congreso para declarar la intangibilidad de esos beneficios y modificar los requisitos con que se lo otorga.

El amparo colectivo que esta mañana recibió la jueza federal de Primera Instancia de Viedma, Mirta Filipuzzi, tiene como antecedente inmediato la cautelar presentada la semana pasada en la Justicia Federal de General Roca por Miguel Bravo (62 años), quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía ese beneficio desde 2010, hasta que el Ministerio de Desarrollo nacional, a cargo de Carolina Stanley, decidió dejar de pagarle, hace dos meses, los 6 mil pesos mensuales que le correspondían.

Tanto la cautelar como el amparo en representación de cuatro vecinos de Viedma fueron iniciativas del diputado nacional del FpV-PJ Martín Doñate, “debido a la abrumadora cantidad de personas que quedaron desamparadas” tras el recorte del Gobierno nacional, que se excusa invocando un decreto de 1997. Solo en el territorio de Río Negro hay aproximadamente 400 hombres y mujeres que dejarán de cobrar las pensiones que percibían hasta ahora.

De las 170 mil pensiones que el gobierno de Mauricio Macri canceló o suspendió, 83 mil fueron dadas de baja este año. Si bien el amparo colectivo fue hecho sobre la base de cuatro casos particulares, entre los patrocinantes figuran varios legisladores provinciales y dos ONG, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, que solicitan ser aceptadas para representar a otros tantos casos hasta que se resuelva la cuestión de fondo (la legalidad o no de los recortes).

Sólo en Viedma, donde se hizo la presentación, “tenemos registrados más de 180 casos, pero se sumaron datos de las localidades de Conesa, San Antonio, Bariloche, General Roca, Cipolletti y otras ciudades, que suman alrededor de 400 en toda la provincia”, puntualizó Doñate a Página/12. “Esperamos que esta presentación impacte en todos los casos, no solo en uno”, expresó.

El planteo del amparo colectivo es similar al que aceptó el juez Hugo Greca en General Roca. Plantea que la quita de las pensiones “lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria”. Las “expectativas favorables” respecto de la conectividad de una y otra causa impulsó a que diputados de otras provincias adelantaran que replicarían la misma presentación en sus distritos. Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquén y Buenos Aires serán las provincias donde se harán demandas iguales, según confió Doñate.

A la vez, el diputado adelantó a este diario que mientras la Justicia resuelva esas demandas, “vamos a discutir en la Comisión de Discapacidad (de la Cámara baja) un nuevo marco legal que establezca la intangibilidad” de las pensiones por discapacidad, así como también “un nuevo esquema legal para evitar que se las puedan dar de baja”.

También se propondrá modificar la resolución aprobada durante el menemismo que establecía que una persona debía acreditar un nivel de 76 por ciento de discapacidad para recibir el beneficio. “A este porcentual hay que rediscutirlo. En el caso de General Roca, el hombre al que le falta un brazo tiene 62 años. Una junta médica podría determinar que su grado de discapacidad es del 50 por ciento. Pero lo cierto es ¿cómo y dónde va a trabajar un hombre de esa edad, con esa discapacidad?”, se preguntó el legislador kirchnerista.

“Con los recortes en el PAMI, los tarifazos, el aumento de la canasta básica, las subas de los alquileres, sacarle la pensión a una persona es tirarla a la indigencia”, sentenció Doñate, para quien el recorte aplicado por Cambiemos “es injusto desde todo punto de vista” y por ello “hay que legislar de manera contundente”. “El derecho social tiene que ser progresivo, no regresivo”, concluyó.