PRIMICIA: Sospechosas designaciones de jurados en el Consejo de la Magistratura

Los miembros de los jurados que deberán evaluar a los candidatos a cubrir los juzgados federales, sorteados a través del cuestionado sistema informático del organismo, ya levantaron polémica. Quiénes son.

En las últimas horas se desató una crisis en el Consejo de la Magistratura a raíz de lo que parece ser un nuevo caso de sorteos “arreglados” del sistema informático del organismo. Esta vez el foco no estuvo en la asignación de causas, sino en la integración de los jurados que tendrán que elegir nuevos jueces, lo que levantó el revuelo.

El concurso nro. 378 para cubrir el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional nro. 1 de Mar del Plata se abrió la semana pasada con la firma del Dr. Luis María Cabral, y la integración de la terna evaluadora generó una polémica inmediata, porque dentro suyo se incluyó a Facundo Luis Capparelli.

Capparelli es un abogado marplatense que hace algunos años tuvo que renunciar a su cargo de secretario del Tribunal Oral Federal de esa ciudad, luego de que un narcotraficante al que agarraron in fraganti confesara que la droga que vendía había salido de ese juzgado. Al abrir la bóveda donde almacenaban los estupefacientes secuestrados en distintas causas, un fiscal comprobó el faltante de más de doce kilos de cocaína y casi cincuenta de marihuana. Capparelli, responsable directo de la custodia del material –y directamente sindicado como el proveedor de la droga-, se adelantó a una segura destitución y presentó su renuncia; la investigación penal en su contra, como tantas otras, quedó en vía muerta. Todavía se habla, en Mar del Plata, de aquel escándalo.

Una vez renunciado, Capparelli se dedicó al ejercicio de la profesión. El abogado-criminal ha intervenido, desde entonces, en las causas más resonantes de Mar del Plata. Fue defensor, por ejemplo, del joven Julián Materia, hijo de un importante empresario local que atropelló y mató, en enero de 2014, a Yessica Parra y que meses más tarde, en octubre del mismo año, volvió a matar al volante, esta vez a Susana Rey. El caso desató la indignación de toda la opinión pública y estuvo atravesado por fuertes sospechas de corrupción, debido a que su cliente no pasó ni un solo día tras las rejas y se benefició con una probation que prácticamente lo libró de culpa y cargo.

Ahora Facundo Capparelli tendrá que decidir quién será el juez que ocupe el Federal 1 de Mar del Plata, en el que actualmente tramitan varias de sus causas, de altísimo perfil, ligadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Capparelli defiende, por ejemplo, a Francisco Pagano, un financista que tiene un pedido de extradición a los Estados Unidos por lavar ochenta y dos millones de dólares del narco, en la causa conocida como “la moneta”. También interviene en la causa “arbolitos”, en la que se investiga una red de cuevas de dinero que operaban al margen de la ley manejando dinero sucio y que fue recientemente desbaratada en procedimientos simultáneos realizados por mas de cien efectivos de la Gendarmería en la ciudad de Mar del Plata.

Con todos estos intereses en juego, parece casi una ingenuidad pensar que Capparelli podría guardar algún tipo de objetividad en la elección del magistrado que deba resolver en las causas que lo tienen como interesado directo. Y no sólo ello: las defensas que ha ejercido y ejerce en las más importantes causas de narcotráfico de la jurisdicción e incluso del país –intervino por ejemplo en la megacausa “Carbón Blanco”, en la que uno de los imputados tuvo la intención de atentar contra la vida de la jueza Zunilda Niremperger, que lo investigaba-, dan cuenta de que los compromisos del abogado, en caso de tener que actuar como jurado en el concurso nro. 378, estarán indisolublemente ligados a su rol de abogado del narcotráfico, por lo que no tardaron en bautizarlo “el narcojurado”.

Otro de los jueces sorteados ha generado similares reparos. Se trata de Alejandro Tazza, juez marplatense que en el 2010 fue denunciado por Verónica Koledesky como uno de los integrantes de una estructura dedicada, entre otras cosas, a fraguar concursos, que operaba en el seno del Consejo de la Magistratura. La denuncia fue hecha en el Juzgado Federal 11 del Dr. Claudio Bonadío pero, como la mayoría de los relevantes hechos de corrupción investigados en ese fuero, se archivó. Y ahora, como si nada hubiera pasado, Tazza volvió a ser jurado, esta vez, a cargo del concurso más sensible de todos: el nro.  375, a través del cual intentará cubrirse la vacante que dejó Oyarbide al presentar su renuncia, con la llegada de la administración macrista.

Al ser consultadas por este medio, distintas fuentes del Consejo de la Magistratura explicaron que los jurados se sortean con el mismo sistema informático cuyas irregularidades se encuentra investigando la Dra. María Servini de Cubría, a cargo del Juzgado Federal nro. 1, a raíz de la denuncia de Elisa Carrió, quien sospecha que el sistema es manipulable.

El foco se puso en el sistema de sorteos luego de que la causa Nisman se sorteara dos veces como consecuencia de un supuesto error que primero asignó el expediente al juez Sebastián Casanello y luego a su par Julián Ercolini. Luego de una serie de medidas de investigación –entre ellas, un allanamiento practicado por la Dra. Servini en la sede de tecnología del Consejo- la magistrada federal concluyó que los sistemas informáticos del Poder Judicial son vulnerables, y no cuentan con los protocolos de seguridad que permitan garantizar la fiabilidad de los sorteos de las causas judiciales.

Pero el asunto no termina allí. En una reciente entrevista concedida al matutino Perfil, el Administrador del Consejo de la Magistratura, ingeniero Juan Carlos Cubría, explicó que el caso de la manipulación de sorteos desnuda una corporación de intereses entre distintos miembros del Poder Judicial, que intentan tener bajo su control algunos procesos en especial. Entre ellos, claro, puede tranquilamente incluirse al proceso de selección de magistrados.