Procuración General desplazó al fiscal que había denunciado a Caputo y Basavilbaso

El Gobierno, a través del jefe de los fiscales interino, corrió a Gabriel de Vedia de la Unidad fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), desde donde este último había denunciado al ministro de Finanzas y al titular de la ANSES por perjudicar los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y beneficiar empresas vinculadas al oficialismo. El documento.

El gobierno nacional, a través de la Procuración General de la Nación, decidió correr de su cargo a Gabriel de Vedia, el titular de la Unidad fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) que denunció a Emilio Basavilbaso, funcionario a cargo de la ANSES, por vaciar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y a Luis Caputo, ministro de Finanzas, por favorecer a un fondo que fue de su propiedad hasta diciembre de 2015 mediante el FGS.

Eduardo Casal, el jefe de los fiscales interino que Mauricio Macri designó cuando logró desplazar a Alejandra Gils Carbó, firmó una resolución a través de la que deja “sin efecto la designación a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES)” a pedido de De Vedia, debido a la “inminente designación” de este último en una fiscalía del trabajo.

Según el documento, De Vedia habría pedido pasar a la función como Fiscal Subrogante en la Fiscalía N°3 actuante ante los Juzgados Nacionales del Trabajo, en la que fue colocado por el propio Ministerio Público a partir del primero de junio, debido a su “inminente designación” en esa dependencia y el “cúmulo de tareas que a partir de allí se generará”.

Según fuentes judiciales, el fiscal aceptó su salida pero buscó que su reemplazante como coordinador fuera su actual secretario, de manera que la Ufises siguiera trabajando de forma independiente, tal como De Vedia entiende que con él al frente ocurría.

Sin embargo, Casal sorprendió y designó a un nuevo fiscal, quitando del todo y por completo del medio al funcionario judicial saliente. A partir del viernes, la fiscalía que investiga cómo la ANSES maneja el dinero de los jubilados estará a cargo del fiscal general adjunto de la Procuración, Gabriel González Da Silva.

La causa en la que De Vedia puso contra las cuerdas a Basavilbaso es en la que se investiga si la venta de acciones de Petrobras Argentina (PESA), que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a Pampa Energía generó un perjuicio para el estado.

Las acciones de PESA que tenía la ANSES desde la estatización de las AFJP durante el kirchnerismo fueron adquiridas por Pampa Energía, la firma del empresario Marcelo Mindlin. La compra de esos papeles se produjo en noviembre de 2016, luego de que PE comprara el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina. Luego, el grupo de Mindlin lanzó una oferta pública obligatoria de adquisición (OPA) para ofrecerles a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones.

El FGS de la ANSES tenía el 11,85% y accedió a vender su parte, a un valor de $10,37 por acción. Por aquella operación el FGS recibió algo más de $ 2.482.00.000. Tras la fusión con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina treparon a un valor que ronda los $18.

La investigación partió de dos denuncias realizadas por los diputados nacionales Victoria Donda y Rodolfo Tailhade sobre operaciones hechas por el FGS. La denuncia de la diputada por Libres del Sur es la que hacía referencia específica a la venta de acciones de Petrobras en poder del Estado.

De hecho, la semana pasada el titular de la ANSES fue citado a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio por esa misma investigación. Se trata de la primera citación de este tipo a un funcionario de primera línea de la gestión de Cambiemos.

Por otra parte, el funcionario judicial ahora desplazado de la Ufises había denunciado en septiembre de 2017 a Caputo por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Presuntamente durante el año 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión relacionado con el propio ministro. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez.

El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación.

“Resulta llamativo que, en un mismo periodo, el Comité del FGS haya suscripto LEBACs a través del FCI Axis Ahorro Plus con la consecuente obligación de abonar los honorarios fijados y también haya adquirido dichas letras en forma directa sin pagar gastos extras”, había explicado el ahora exrepresentante de la UFISES en aquel momento.

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