Renuncia de Gils Carbó: sorpresa e incertidumbre entre los fiscales

La salida de la ahora ex procuradora mueve a los tribunales de Talcahuano y Comodoro Py. ¿Qué pasará con las unidades especiales? ¿El Gobierno intentará una reforma de la Ley de Ministerio Público? ¿Hay un acuerdo con el PJ? Opinan Di Lello, Cuñarro, Delgado y Labozzetta para Infoabe.

El fiscal federal Jorge Di Lello decía este lunes al mediodía a Infobae: “No sé cuál es el motivo de la decisión política, me quedé sorprendido. Básicamente estoy tan sorprendido como usted”. Di Lello no es el único. La renuncia de Alejandra Gils Carbó dejó a muchos fiscales en un estado de incertidumbre ante lo que seguirá, de qué y quiénes se quedan, qué y quiénes se van y quién la sucederá.

Gils Carbó, procuradora, cabeza del Ministerio Público y jefa de los fiscales, había dicho una y otra vez que resistiría en el cargo durante dos años de títulos calientes y pedidos de salida en boca de funcionarios como el ministro Germán Garavano, entre acusaciones cruzadas, reuniones en busca de un enfriamiento, búsquedas de apoyo internacional y una investigación federal en su contra impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, con un procesamiento incluido. “Ni renuncio ni me tomo licencia”, les decía a sus colaboradores luego de la decisión del juez Julián Ercolini. Lo cierto es que la guerra de desgaste terminó. “Con todo lo que venía pasando, iba a pasar”, asegura una experimentada fiscal. Se mantendrá en el cargo hasta el 31 de diciembre; el 2018 comenzará con un nuevo procurador.

Había dos vías para echar a Gils Carbó: por un juicio político con mayoría en ambas cámaras del Congreso –algo improbable en estos dos últimos años– o por una reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal. Hay una línea clave en el texto enviado por Gils Carbó a Macri para comunicarle su renuncia que apunta a este segundo camino, mucho menos cruento que un juicio político pero a la vez una garantía de conflicto con la gran mayoría de los fiscales, sean leales a Gils Carbó, miembros de Justicia Legítima o no. “A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, escribió la procuradora.

Cambiemos ya había intentado modificar la ley de la institución de los fiscales en octubre del año pasado con una sesión programada en Diputados para tratar la reforma, un intento que terminó desarticulado en tiempo récord.

No fue un planteo precisamente popular; muchos fiscales preparaban en secreto amparos contra la eventual alteración del MPF, algo que veían como una puerta para la manipulación de causas sensibles al poder y un avasallamiento a su independencia. Voces altamente respetadas en el fuero penal como Carlos Rívolo, fiscal federal encargado de investigar a Amado Boudou en la causa Ciccone y con una relación con Gils Carbó cargada de confrontaciones, aseguraron que se pronunciarían en contra si eso ocurría. “Pedimos legalidad si buscan sacar a la procuradora”, decía Rívolo en aquel entonces. Hubo formas más cortas. A mediados de este mes, un fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssals consideró “inconstitucional” el artículo de la ley del MPF que equipara al procurador con un ministro de la Corte. El triunfo electoral de Cambiemos fue otro factor en la balanza para que Gils Carbó renunciara, apuntan quienes la conocen.

Para Mónica Cuñarro, fiscal general y una de las mayores expertas en delitos complejos de la Argentina, la jugada de Gils Carbó desarticula una posible guerra entre sus colegas y la Casa Rosada: “Creo que la decisión institucional ha sido acertada porque impide una ley de Ministerio Público cuyo objetivo no era tocar dos artículos sino quitar la independencia interna de los fiscales a partir de la digitación de cargos y causas. Le permite institucionalmente al Poder Ejecutivo poder acordar la nueva composición en senadores, para traer un candidato que no sea militante político del gobierno de turno sino alguien que conduzca una Procuración General sin caza de brujas ni guerras tribales, como una procuración republicana”. Otros, en privado, son mucho más recelosos: la salida de Gils Carbó no garantiza que el macrismo no se anime eventualmente una reforma a la ley integral del MPF.

Federico Delgado, fiscal federal, a cargo de causas como Odebrecht y el lanzamiento de bolsos de José López, apunta en términos similares: “La renuncia más que juzgarla hay que comprenderla, tiene que ver con una trama muy compleja que incluye la dimensión del tiempo y los ciclos. Espero que quien venga, sea quien sea, garantice la independencia del Ministerio Público. Es un poder relativamente nuevo; si van a reflotar la ley, no lo sé… Esta independencia es un garantía para todos”.

El blindaje al kirchnerismo y la persecución a los funcionarios que decidieron investigar sus tramas de corrupción fueron las mayores acusaciones contra Gils Carbó en sus seis años en el cargo. Sin embargo, las relaciones entre la procuradora y los fiscales que dependieron de ella fueron dispares. Al contrario de Carlos Rívolo o José Campagnoli –con un polémico juicio político por mal desempeño tras una investigación a Lázaro Báez que caducó sin efecto–, Delgado, que tuvo en su despacho causas calientes contra ex funcionarios kirchneristas y decidió impulsarlas, asevera: “Lo que había hecho Gils Carbó fue un proceso, al menos para mí, de dejarnos trabajar con mucha tranquilidad. Tuve dos entrevistas formales con ella en todos estos años, sería un retroceso que esa libertad se cortara. Rescato ese proceso de libertad. Estaría bueno, a futuro, que haya protección institucional de los fiscales, algo que los contenga en los casos críticos; eso es un desafío, no hay ningún dispositivo que te banque”.

Gils Carbó marcó otro punto en su carta a Macri para reivindicar su gestión sobre colocar al MPF “a la altura de los tiempos y de las demandas sociales en materia de política criminal”. Se refería, específicamente, a las diferentes unidades y procuraciones del ministerio que encabeza, dedicada a diversos delitos y que fueron creados durante su mandato: la PROCUNAR, dedicada a investigar narcotráfico, la UFESE, apuntada a secuestros extorsivos, la DAC, la Dirección de Análisis Criminal, una de las fuentes más confiables de estadísticas y análisis de tendencias delictivas en el país, o la UFEM, abocada a investigar delitos de violencia de género junto a la DOVIC, que protege, contiene y apoya a víctimas durante el proceso judicial. También, la unidad ATAJO, dirigida por el fiscal Julián Axat, que actúa como enlace entre la Justicia y vecinos de villas y barrios carenciados. De todas estas, el lugar de la UFEM es particularmente sensible. Un fiscal de relación fría con la Procuración reconocía el año pasado: “Esto hay que admitirlo, la que puso a la víctima de violencia de género en el lugar que corresponde fue Gils Carbó”.

El intento de reforma de octubre del año pasado incluyó un borrador con una nueva estructura de la Procuración en donde la UFEM no aparecía: más de 30 fiscales mujeres como Paula Asaro, la encargada de llevar a la Justicia al portero José Luis Mangeri, el asesino de Ángeles Rawson, se pronunciaron en contra con una solicitada. El destino de la unidad de delitos de género se volvió hoy un interrogante fuerte en el microclima judicial.

Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, asegura: “Hay incertidumbre pero seguimos trabajando, se trata de políticas que no tienen nombres y apellido. Lo que pase depende del próximo procurador, especulamos con que no haya demasiada modificación. La procuradora renunció para que la política institucional se mantenga, no nos vamos a anticipar. La UFEM tiene una trayectoria, tiene un anclaje hacia afuera, con organizaciones sociales y los otros poderes del Estado”.

Ahora, ¿quién seguirá en el cargo a Gils Carbó? El microclima habla entre otros de Raún Plée, del fiscal de cámara de Ricardo Sáenz o de José Campagnoli, propuesto “formalmente” por Elisa Carrió para encabezar la Defensoría del Pueblo según aseveran en la Coalición Cívica, aunque cerca del fiscal aseguran que Campagnoli no tuvo reunión alguna con Carrió por ningún cargo, sea defensor o procurador. Di Lello lanza: “Debe haber una enorme cantidad de obispos poniéndose la sotana de Papa. Hay muchas experiencias de que los incondicionales suelen ser los primeros en cambiar. El problema es ponerse de acuerdo con quién la sucedería, el problema va a ser siempre en ponerse de acuerdo con un sucesor. Por otra parte, nunca hay un funcionario u hombre importante que sea aséptico a la política”.

Por otra parte, el juicio político requería el apoyo del peronismo para apartar a Gils Carbó. “Hubo una coordinación del Gobierno con el PJ para lograr esta renuncia”, le dijo a Infobae un funcionario del gobierno nacional que trabajó en el tema. “Sin un acuerdo político no había renuncia”, agregó un fiscal.

Gils Carbó se va en sus términos al presentar su renuncia, una salida elegante. El día 8 de este mes, según confirman colaboradores, la procuradora partirá a Italia para lo que quizás será su último compromiso de peso: su visita en Roma al papa Francisco.

Fuente: Federico Fahsbender y Martín Angulo para Infobae