Repentino movimiento de causas paralelas de CBI

La recusación del fiscal federal Enrique Senestrari por falta de objetividad y un fallo adverso en la Cámara Federal de Apelaciones parecen haber generado un repentino movimiento de causas que venían investigándose de modo paralelo al expediente principal de la financiera Cordubensis (CBI), que quebró en febrero de 2014 en medio de un escándalo.

Luego de dormir durante meses o años, algunos de esos expedientes fueron desempolvados por el fiscal, que comenzó a pedir medidas. Lo más evidente fue el allanamiento del miércoles último a la sede central de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) en Capital Federal y la imputación del titular de la entidad, Armando Cavallieri, y toda la mesa directiva.

El mismo miércoles, fuentes del Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba informaron de ese repentino e inusual movimiento de causas paralelas: el allanamiento que se estaba haciendo en Osecac y las imputaciones, el avance de la determinación de la cadena de responsabilidades en el “lavado” que se habría realizado en la sucursal del Banco Nación ubicada frente a la plaza San Martín o el envío al Juzgado Penal Económico N° 5 de Buenos Aires de los datos que aportó el “arrepentido” Miguel Vera sobre quiénes son los titulares y “peces gordos” de Jotemi SA (en Capital Federal), entre otros.

Dos días antes de los allanamientos, la sala B de la Cámara Federal, por unanimidad, propinaba un duro revés a Senestrari ante un recurso de reposición planteado por el defensor Miguel Ortiz Pellegrini, por el que pudo ser admitido en la investigación del caso Gaviglio el hecho siete, que tiene relación con el tramo denominado “Atos Siemens” y el cobro del boleto de transporte de la ciudad de Córdoba.
Además de ordenar que la defensa sea admitida como parte, con capacidad de acceder a prueba, el tribunal, integrado por Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, ordenó al fiscal acumular con el mismo número de expediente este y el resto de los casos, ante la “gran división de causas” que ahora van formar parte de CBI.

Pocos días antes, el viernes 9, “subieron” a la Cámara Federal dos recursos de los defensores de Darío Onofre Ramonda, Justo Casado y Manuel de Allende. Uno era el pedido de recusación de Senestrari por falta de objetividad, en el que exhibían una serie de “pruebas” que comprometerían al instructor. Como el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja rechazó ese recurso sin abrir la prueba, ambos letrados presentaron la nulidad ante la Cámara.

Para conocedores de la causa CBI, estos dos sucesos “despertaron” las causas luego de años.

A desempolvar

El hecho de que todos los expedientes estén relacionados con el principal hace que cualquiera de las partes pueda acceder digitalmente a las actuaciones, ver el avance de la investigación y apreciar la prueba que hasta ahora no se conocía.

Entre las causas que comenzaron a moverse, la del Banco Nación no empezó a investigarse sino por las reiteradas publicaciones de este diario, y tampoco avanzó demasiado. Luego de meses, se imputó al gerente Pedro Tito Zurko, quien al ser indagado declaró que sí efectuó las alertas correspondientes sobre extracciones irregulares.

El defendido por José D’Antona y Ana Cadario demostró que algunas de las acusaciones no le corresponden, porque parte del presunto lavado de 718 millones de pesos se concretó cuando él no era gerente.

Lo que se debe determinar aquí es la cadena de responsabilidades que hubo en el Banco Nación, en especial con funcionarios de alto rango, a nivel nacional.

La semana pasada también se informó que los datos valiosos que brindó el “arrepentido” Vera para conseguir la libertad tienen que ver con la empresa fantasma que creó para monetizar cheques en ese banco. Jotemi SA responde, según dicen los que tocan el expediente, a tres sílabas: “Jo” es “Josué”, “te” es “Teófilo” y “mi” es “Miguel”. Aún no está claro para la Justicia federal a quiénes se refiere.

Sobre el abrupto despertar del tema Osecac, hay que recordar que Senestrari promueve acción contra los directivos luego de que, al comienzo de la causa, pidió declararse incompetente y girar las actuaciones a Capital Federal. Esto se “descubrió” gracias a la curiosidad meticulosa del exsíndico titular de CBI (hoy desplazado) Ricardo Veltrusky, quien terminó realizando la denuncia el 27 de abril de 2015.

Entre esa fecha y el presente, se registra un gran paréntesis de inactividad para ese tramo de la causa. Restaba averiguar qué pasó con los cheques que llevaba a Córdoba el contador de Euclides Bugliotti, Javier Guevara Amado, imputado por el cobro de esos valores destinados a pagar prestaciones médicas en la región de Cuyo a beneficiarios que serían inexistentes.

Las cajas

Otras de las investigaciones perezosas durante estos cuatro años fueron las cajas de seguridad de CBI. A pesar de hallarse un cofre con 290 mil dólares a nombre de Fernando Boldú, con Eduardo Accastello como autorizado, el fiscal federal nunca lo divulgó.

Otro punto que llama la atención en la causa tiene como centro dos cajas de seguridad que se hallaron en la firma Bacar Blinbox. Una estaba a nombre del excandidato a gobernador y exintendente de Villa María, aquí como titular. El otro cofre estaba anotado como “Somos Cristina” y tenía como autorizada a “Analía Flavia Montenegro”. Ambas cajas parecen no haber llamado la atención del fiscal cuando se le pidió que diga cuáles deseaba mantener bloqueadas. Esto fue planteado por los recusantes De Allende y Casado y no fue respondido ni por Senestrari ni por Vaca Narvaja.

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