Río Turbio: ordenaron la detención de Roberto Baratta y otros dos exfuncionarios

Resta que se expida la Cámara de Casación Penal para que vuelva a prisión el hombre que fue mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.

La Cámara Federal ordenó hoy la detención de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, y de otros dos ex funcionarios –Martín Goicochea y Hugo Sánchez– en la causa por las irregularidades en el Yacimiento Carbonifero Río Turbio (YCRT).

La Cámara, por dos votos a uno, entendió que existe peligro de entorpecimiento de la causa y le ordenaron al juez Luis Rodríguez, a cargo del expediente, que disponga las tres detenciones. De todos modos, esto no se hará efectivo hasta que quede firme la resolución; eso sucederá cuando se expida la Cámara Federal de Casación Penal, a donde los acusados pueden apelar la decisión.

Baratta ya estuvo preso seis meses en la cárcel de Marcos Paz. Fue en la causa por el Gas Natural Licuado hasta que fue liberado el mes pasado por la Cámara
por las irregularidades en la pericia oficial.

Goicochea era el decano de la Facultad Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Sánchez el presidente de la Fundación Regional de Río Gallegos.

La Cámara también dispuso la prisión preventiva de Atanacio Pérez Osuna, ex intendente de Río Turbio y ex interventor de YCRT. Pero Pérez Osuna ya está detenido en otra causa paralela a la de Río Turbio en la que se investiga las irregularidades en la construcción de una avenida de esa ciudad. En tanto, el tribunal rechazó el pedido de detención de Miguel Angel Larregina, ex coordinador general de YCRT, y revocó su prisión preventiva en la causa de la avenida en la que está detenido. El juez Rodríguez dispuso hoy la libertad de Larregina desde la cárcel de Ezeiza.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, y de otras 15 personas por la defraudación al estado en la malversación de 264 millones de pesos que se destinaron a la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio y del proyecto Ferrocarril Bioceánico Transpatagónico Rio Turbio-Puerto Natales. También procesó a otros dos acusados que tenían falta de mérito y ordenó seguir investigando a otras nueve personas.

La decisión fue compartida por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Se observa así que YCRT no funcionó como una entidad destinada a optimizar la función productiva del Yacimiento y el Complejo Ferroportuario sino que se convirtió en una fuente de financiamiento de las más variadas obras que ninguna vinculación guardaban con su objeto y algunas de las cuales ni siquiera se hallaban cercanas”, señalaron los jueces que agregaron que el estado nacional “destinó millonarias sumas de dinero” que “gran parte de ellos fueron ilegítimamente absorbidos” por la Facultad Regional Río Gallegos de la UTN y por la Fundación Regional de Río Gallegos, con quienes el Ministerio de Planificación firmó convenios. Pero Irurzun y Farah no coincidieron con el pedido del fiscal Carlos Stornelli de detener a cinco acusados.

Irurzun votó por las detenciones mientras que Farah las rechazó. Por la disidencia fue convocado a desempatar Leopoldo Bruglia que coincidió con Irurzun. La misma situación había ocurrido con De Vido en octubre del año pasado cuando fue detenido.

Irurzun y Bruglia destacaron la relevancia de tratarse de un caso de corrupción en el que se investiga el desfalco de bienes del estado. Ambos jueces señalaron que durante la investigación costó conseguir documentación en la sede de la Facultad, varias cajas no llegaron a los tribunales y que testigos declararon haber sido víctimas de amenazas. Para los camaristas eso implica un riesgo para la investigación si Baratta, Goicochea, Sánchez y Pérez Osuna siguen en libertad por los cargos de importancia que ocupaban.

En el caso de Baratta, Irurzun agregó que sobre el ex funcionario se están investigando sus correos electrónicos personales y oficiales. “Es lógico presumir que, frente a una instrucción que continúa en plena actividad, la libertad de quien ha sido sindicado como uno de sus máximos responsables pueda repercutir negativamente en su desarrollo, pues al complejo escenario procesal que enfrenta se suma la imposibilidad de descartar, a partir de las dificultades ya señaladas y la constante incorporación de expedientes en los que se investigan similares maniobras, que su situación se vea aún más comprometida”, sostuvo.

Por su parte, Bruglia -ademas de los elementos que valoró Irurzun- agregó que en caso que los acusados sea condenados las penas serán de cumplimiento efectivo lo que implica un “alto riesgo procesal”.

Así, ambos camaristas ordenaron las detenciones pero “firme que sea la presente”, es decir si Casación la confirma. En el fallo no explicaron el motivo de esa decisión que no tomaron en el caso de De Vido, sobre quien dispusieron la “inmediata detención” una vez que fue desaforado como diputado nacional.

La disidencia del juez Farah fue que “no hay elementos de suficiente entidad como para presumir a futuro un riesgo serio de entorpecimiento”.

Con el fallo de la Cámara las defensas podrán apelarlo a Casación. Allí se definirá si Baratta, Goicochea y Sánchez van a prisión.

Perez Osuna, Atanacio y otros s procesamiento
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