Rosario: rechazan que causa por mega estafa inmobiliaria pase a fuero federal

Un tribunal de primera instancia rechazó un planteo de la defensa de algunos imputados por delitos de guante blanco, y aseguró que “investigar el lavado de activos es una herramienta fundamental”. Llegará pronto a juicio oral y público.

La Justicia provincial rechazó que la megacausa por fraude inmobiliario pase a la Justicia Federal. Así lo decidió un tribunal de primera instancia, tras el intento de la defensa de los imputados de sacarle la investigación al Ministerio Público de la Acusación, con el argumento de que la figura de lavado de activos -que los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot le achacaron a la mayoría de los imputados en el expediente- es de índole federal. “La competencia Federal no se atribuye por el tipo penal de ‘lavado de activos’. No es un delito federal, sino que la conducta delictiva tiene que afectar el orden económico y financiero de la Nación”, expresa el fallo, para rechazar el planteo. El fiscal Narvaja dijo que “el principal interés de la Fiscalía es llevar el caso a juicio y la posibilidad de investigar el lavado de activos es una herramienta fundamental para avanzar en casos de crimen organizado”. Las defensas podrían apelar la decisión.

A un año del operativo que detuvo a sindicados de “cuello blanco” por una serie de fraudes inmobiliarios, la causa está a punto de llegar a la audiencia preliminar de juicio oral y público, donde se pedirán penas que van de 4 a 18 años de prisión.

Casi desde el inicio del expediente, las defensas intentaron el cambio de fuero, y el de ayer fue el segundo rechazo al planteo, ya que en 2016, la jueza Mónica Lamperti así lo había resuelto.

En agosto pasado, las defensas del agente bursátil Jorge Oneto, el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, el comerciante Leandro “Lelo” Pérez y el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, presentaron recursos de inhibitoria ante el juez Federal Nº 3, Carlos Vera Barros. El delito de lavado de activos, que les fue imputado a sus clientes aparecía como disparador para el cambio de competencia. Sin embargo, el juez Vera Barros rechazó que la causa fuera de competencia federal, y sumó que no advertía la configuración del delito de lavado de activos.

Ante ello, el abogado Juan Lewis, que defiende a dos de los escribanos implicados en la causa, presentó un pedido de declinatoria a la Justicia provincial (para que los jueces se declaren incompetentes) con el mismo fundamento, al que se sumaron los demás defensores. Sin embargo, no encontraron respuesta favorable. Los jueces José Luis Suárez, Héctor Núñez Cartelle y Hernán Postma consideraron que la causa debe continuar en manos del la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos del MPA. “Corresponde mantener la competencia provincial. Los hechos atribuidos en la acusación no permiten concluir que se afecta la soberanía y seguridad de la Nación. La mera invocación de la calificación legal escogida por la Fiscalía resulta insuficiente para atribuir la competencia al fuero de excepción. Considero que los hechos atribuidos por el MPA no afectan un interés federal”, expresa el voto del juez Suárez.

Al mismo tiempo, el magistrado apuntó a la opinión de Vera Barros, quien planteó que “no surge hasta aquí la existencia de los elementos que revelen la posible comisión (del lavado de activos), para rechazar el caso. “Su criterio se contrapone con lo evaluado por el vocal de Cámara, Daniel Acosta, que lo enmarcó en esa figura cuando intervino”, dijo. Y aclaró: “Estemos ante un delito de lavado de activos o cualquier otro, no se advierte afectación al interés del Estado Nacional”, situación que -de existir- provocaría un cambio de fuero.

La causa ya suma 19 imputados, 150 mil fojas, más de mil CD con escuchas. Si bien las primeras detenciones por el caso se dieron en octubre de 2016 -por más de siete casos-, en junio de este año se sumaron más personas al legajo judicial. El fiscal Narvaja ya presentó acusación por la primera parte de los imputados (a la que pertenecen los solicitantes) y pidió penas de hasta 18 años de prisión.