Santiago Maldonado: la Procuración de Violencia Institucional quedó afuera de la investigación

Lo decidió la fiscal Silvina Avila. Se trata de la Procuración de Violencia Institucional. Es una señal favorable para la Gendarmería.

Los expertos de la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin) quedaron afuera de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Fue así por decisión de la fiscal federal Silvina Avila, a quien el juez Gustavo Lleral le quitó la delegación de la parte del caso referida a la desaparición forzada, que consideró innecesario continuar con el aporte de este grupo de fiscales especializados. “Esta decisión pone en evidencia su postura”, dijo la abogada de la familia, Verónica Heredia, al ser consultada por PáginaI12. La querella impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió al juez Lleral la permanencia de la Procuvin actuando en el expediente pero el magistrado rechazó la iniciativa.

El 14 de septiembre, en la puerta del juzgado federal de Esquel, Heredia había expresado que Avila ha actuado en la causa más bien como abogada defensora de la Gendarmería, principal fuerza sospechada en el caso, porque la última vez que Maldonado fue visto con vida al menos cuatro escuadrones estaban reprimiendo la comunidad mapuche donde el joven había pasado la noche y participado luego de una protesta en solidaridad con el encarcelamiento de sus integrantes. “La fiscal dijo que luego del hallazgo del cuerpo y los resultados de las pericias las cosas cambian”, agregó Heredia. La familia ratificó desde aquel momento que para ellos Santiago fue víctima de una desaparición seguida de muerte. Y, de hecho, la Procuvin también trabajaba con la hipótesis de que “aún no se puede descartar la responsabilidad de nadie”, según explicaron a PáginaI12.

La señal de alerta se encendió en todas las partes querellantes del caso porque el aporte de la Procuvin ha sido sustancial y determinante. Fue ante sus fiscales que declararon los primeros testigos. También solicitaron de manera insistente, y aún sin ser escuchados, que el celular del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, debía ser cruzado con los de Gendarmería, dadas las pruebas que lo sitúan durante más de seis horas en el escenario de los hechos. Además, el nuevo rastrillaje del río Chubut, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Maldonado, fue una de las tantas medidas que la Procuvin había pedido a la fiscal Ávila y al anterior juez de la causa, Guido Otranto, entre ellas un allanamiento a la estancia de Benetton.

Aunque esa opinión fue tenida en cuenta por el juez Lleral, ahora todo indica que no pondera de la misma manera un estudio en marcha que están realizando estos expertos sobre la llamada “georreferenciación” en base a los teléfonos de los gendarmes, además de material fílmico y fotográfico, que daría un panorama preciso respecto de los movimientos de los uniformados aquella mañana del 1 de agosto cuando ingresaron a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen persiguiendo a los manifestantes mapuches. Es probable que, a pesar de esta situación, no haya sido en vano el trabajo porque alguna de las querellas podría tomar como propio el informe de modo que ingrese de todas maneras al expediente

El apartamiento de la Procuvin aleja del caso a los investigadores que tenían en la mira a los integrantes de Gendarmería, al menos con mayor énfasis que la fiscalía y el juzgado hasta ahora. “Ya no era necesaria la intervención de la procuraduría especial”, determinó Avila. Durante los primeros días del caso y ante las evidencias que conducían a sospechar inequívocamente de la Gendarmería Nacional, la fiscal solicitó a regañadientes la colaboración de la Procuvin por pedido de la familia de Maldonado y de la Comisión Provincial por la Memoria. Pero no fueron pocos los roces entre Avila y los fiscales de la Procuvin. Desde la fiscalía especializada sostenían que Ávila le informaba sobre al avance de la causa al gobierno nacional, ya que tenía estrechos contactos con funcionarios de los ministerios de Justicia y de Seguridad, y, a la vez, les ocultaba datos a ellos. La Procuvin, además, buscaba mejorar la relación del Ministerio Público con la familia Maldonado y sus abogada, con quienes Ávila mantuvo varios encontronazos. Fuentes consultadas consideraron que la movida de Ávila tendría que ver directamente con la renuncia de Gils Carbó.

Según informó el sitio Cadena del Sur, Ávila había llegado a crear “un expediente paralelo” para que todos los pedidos de la Procuvin relacionados con el caso (como medidas de prueba, peritajes o llamados a declaraciones testimoniales) no aparecieran entre las fojas de la causa 8232 del Juzgado Federal de Esquel, que ahora instruye el juez Lleral.

Una alta fuente judicial dijo  que la salida de la Procuvin del caso Maldonado es “un error” por la “importancia estratégica que implica su actuación especializada y en equipo en este tipo de casos”, y recordó los positivos resultados obtenidos en el asesinato del joven Franco Casco, en Rosario, y en el ataque de Gendarmería a la murga “Los reyes del ritmo”, del Bajo Flores.