Se acerca la definición sobre la situación procesal de Carlos Menem

La Cámara de Casación, integrada por las juezas Ledesma, Figueroa y Borinsky realizó la última audiencia antes de dictar sentencia. Tiene 20 días para definir si ratifica la decisión del tribunal oral. En ese caso, la definición quedaría en manos del Senado.

Mientras toda la atención estaba concentrada en la aprobación del desafuero y la inmediata detención del ex ministro Julio De Vido, la Justicia avanzaba en paralelo con una causa que podría terminar finalmente con el encarcelamiento del ex presidente Carlos Menem. A diferencia de De Vido, que no cuenta con ninguna condena, el reelecto senador por La Rioja tiene en su haber dos sentencias condenatorias, una a siete años de prisión por contrabando agravado de armas y otra a 4 años y 6 meses, por el pago de sobresueldos. Hasta ahora los fueros legislativos lo habían protegido ya que no contaba con sentencia firme. Sin embargo, el miércoles la Cámara de Casación avanzó con el expediente por sobresueldos y en los próximos días podría ratificar la condena. En ese caso, el tribunal integrado por las juezas Ángela Ledesma, Ana María Figueroa y Mariano Borinsky podrían dictar el desafuero, que según fuentes judiciales puede concretarse sin que se expida la Corte Suprema de Justicia.

La Sala II de la Cámara de Casación realizó el miércoles la “audiencia de informes”, el último paso procesal antes de emitir su fallo. Allí escuchó los recursos planteados contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4, que condenó a Menem por el delito de “peculado” (pago de coimas), determinó su “inhabilitación absoluta perpetua”, con accesorias legales y costas a su cargo. También fueron condenados en esa causa el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, a 3 años y 6 meses de prisión y el ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, a 3 años y 3 meses. En la audiencia del miércoles estuvieron presentes Cavallo y Granillo Ocampo, los abogados defensores de Menem y representantes de la Oficina Anticorrupción, quienes expusieron sus posiciones.

El último domingo Menem fue reelecto senador por La Rioja con el 45 por ciento de los votos frente al 48 del radical Julio Martínez, quedándose Cambiemos con las dos bancas de la Cámara Alta. La candidatura del ex presidente había sido cuestionada judicialmente, ya que desde 2013 cuenta con la condena de Casación por el caso de tráfico de armas a Ecuador y Croacia. La impugnación llegó hasta la Corte Suprema, que revirtió la inhabilitación dispuesta por la Cámara Nacional Electoral y ordenó formar otro tribunal para dictar un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta distintos criterios omitidos por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. Allí, el máximo tribunal indicó que no se tuvo en cuenta “el derecho a la revisión de las sentencias condenatorias”. Citó el precedente “Duarte”, que establece que quien fue absuelto en primera instancia y condenado en la segunda (como ocurrió en 2011 con el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3 y luego en 2013 con la Cámara de Casación) tiene derecho a una tercera instancia de revisión. En esa causa, todavía no está fijada la audiencia de informe.

Sin embargo, la causa por sobresueldos no tuvo un fallo absolutorio en primera instancia, por lo que la condena en la Cámara de Casación podría implicar ya el pedido de desafuero. Según fuentes judiciales, en caso de ser apelada por la defensa del ex presidente, el recurso no contaría con efectos suspensivos y se podría avanzar hasta tanto se expida el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti. Los plazos de la Cámara para dictar sentencia son 20 días. De esta manera, el pedido de desafuero sería anterior al 10 de diciembre, antes de que reasuma nuevamente en su cargo.

De todas maneras, la situación de Menem dependerá no sólo de la Justicia, sino de sus compañeros en el Senado. El titular de la bancada del PJ-FpV, Miguel Pichetto, reiteró en los últimos días que la posición que ha seguido la Cámara Alta respecto de los pedidos de desafuero es esperar a que la sentencia tenga calidad de “cosa juzgada”, es decir que la sentencia esté firme.