Se despeja horizonte judicial del Gobierno por la suba del gas

Movimientos subterráneos en causas conectadas a las demandas contra el tarifazo renuevan las esperanzas del Gobierno de poder desactivar un eventual fallo adverso.

La Procuración General a cargo interinamente de Eduardo Casal dictaminó a favor del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para que sea quien absorba la segunda demanda iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), basado en la ausencia de razonabilidad de los aumentos tarifarios dispuestos por el Gobierno, luego de tener que cumplir con la instancia de audiencias públicas. Ese criterio lo había fijado la Corte en la sentencia por la que frenó las subas en 2016 para usuarios residenciales, también impulsado por Cepis. Ese expediente colectivo tramitado por los juzgados federales de Junín quedó trabado en un conflicto de competencia con la Justicia porteña, y salió del radar. Pero la pelea es clave porque puede condicionar la más reciente presentación que fue inscripta en el registro de procesos colectivos de la Corte por la Justicia federal de La Plata.

El Ministerio de Energía y el Enargas cumplieron con el informe de rigor solicitado por el juez Adolfo Ziulu. Pero nuevamente, el fuero Contencioso Administrativo Federal salió a reclamar ese expediente basado en que los organismos demandados tienen asiento en la Capital Federal (no en La Plata) y que lo que se discuten son resoluciones administrativas que deben ser atenidas por ese fuero, mucho más amigable para la administración de Mauricio Macri que los tribunales federales de La Plata, donde se gestó el fallo que fulminó el primer esquema de aumentos intentado por el Gobierno.

La oficina de Casal debía dar su opinión a la Corte para resolver el conflicto de competencia previo, algo que puede derivar en que se fortalezcan los tribunales de La Plata o que todas las actuaciones se muden a Capital Federal, en dominios del Contencioso. La procuradora ante la Corte, Laura Monti, encargada del dictamen, se inclinó por esta última opción, el escenario que mejores perspectivas arroja para el Gobierno, que temía que se replicara una posible sentencia adversa como hace casi dos años.

Como argumento jurídico central, desde la Procuración aseguraron que cuando se trata de medidas cautelares contra el Estado, debe ser el fuero Contencioso Administrativo Federal quien se encargue de resolverlas. Lo fija el artículo 20 de la Ley N° 26.854, paradójicamente, sancionada a instancia de Cristina de Kirchner que buscaba limitar el uso de cautelares contra el Estado y las confinaba a los tribunales porteños, pese a la avalancha de cuestionamientos por restringir su tramitación en otros fueros.

“Todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal”, afirma la redacción de la ley que buscaba evitar fallos adversos contra el kirchnerismo de jueces que admitían amparos en otros juzgados.

El juez federal de Junín, Héctor Plou, anotó la demanda colectiva el 30 de agosto del año pasado. Pero el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal N° 8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, saliera a disputárselo. Algo similar ocurrió en el amparo inscripto por Ziulu hace pocas semanas. También el Contencioso salió al rescate de ese expediente, reclamándolo para sí. Si la Corte, por mayoría, establece cuál es el fuero que corresponde, el tercer juicio colectivo definirá también su destino, de forma inexorable.

La Corte está nuevamente llamada para resolver una cuestión intermedia referida al tarifazo y probablemente se incline por validar la mudanza de los expedientes.

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