Tras el repudio por su despido, la Oficina Anticorrupción denuncia a Cacetta por su gestión en el INCAA

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, presentó  una denuncia ante la Justicia por el alquiler irregular de una sala de cine y contrataciones directas de servicios de transporte, contra el ex titular del INCAA, Alejandro Cacetta, cuyo desplazamiento hace dos meses originó un escándalo en la industria del cine.

Según la denuncia , el delito que se le imputa a Cacetta es el de “administración infiel, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública”. Para la Oficina Anticorrupción (OA) “podríamos hallarnos frente a un manejo desleal y perjudicial del patrimonio estatal”, con el objetivo de “procurar un lucro indebido a un tercero”.

El organismo oficial también incluyó en esa denuncia a las ex titulares del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) bajo la gestión kirchnerista, Liliana Mazure y Lucrecia Cardozo; al último rector de la Escuela Cinematográfica (ENERC), Pablo Rovito; y, entre otros, a los ex gerentes Raúl Seguí y Rómulo Pullol, que fueron echados por irregularidades administrativas luego del escándalo tras el desplazamiento de Cacetta.

Uno de los hechos denunciados fue el alquiler de las salas de cine Artecinema, en Salta 1620 de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, durante los últimos cinco años se le pagó en forma irregular a los dueños de las salas, del Grupo Aleph, “el 50% de los ingresos obtenidos por recaudación de boletería, cuando en el contrato original se estableció claramente” que todos los ingresos eran para el INCAA.

Además, el Instituto de Cine asumió “el pago total de los servicios y gastos generales de la locadora”, así como los salarios del personal que trabajaba ahí.

Para la OA, los pagos “excedieron una razonable contratación de una sala de cine”, pues en la práctica “significaron la asunción de la totalidad del giro comercial de la firma Grupo Aleph, en detrimento del patrimonio del INCAA y con la espuria finalidad de beneficiar a un tercero”.

Según la denuncia, “si a todo eso se agrega que Pablo Rovito, entonces rector de la ENERC -dependiente del INCAA- era a su vez uno de los dueños de Grupo Aleph, beneficiaria de las desmedidas erogaciones, se cristaliza con elocuencia la maniobra de tinte criminal concebida y ejecutada para beneficiar a un tercero en perjuicio de las arcas del INCAA”.

Otro hecho “con ribetes delictivos lo constituye las contrataciones de Javier Claudio Emanuelli”, a quien el INCAA le pagó $ 1.831.716 por servicios de traslado (autos y combis), entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, para los festivales Ventana Sur y Pantalla Pinamar, entre otros.

Emanuelli era empleado del Senado de la Nación, cuando las autoridades del INCAA lo contrataron en forma directa para los traslados del festival Ventana Sur, a fines de 2015. Para la Oficina Anticorrupción, se trataba de un “accionar sistematizado y direccionado para beneficiar” a Emanuelli, quien desdoblaba facturas, para evitar concursos de precios y sólo emitió facturas para el INCAA entre diciembre de 2015 y abril de 2016.

La OA destacó la “diligencia” con la que el gerente de Administración, Raúl Seguí, le pagaba a Emanuelli, quien siempre cobraba en menos de “una semana, sin importar los montos de la facturación”.

La denuncia se originó en una presentación realizada por un funcionario del Ministerio de Cultura, quien “trajo a conocimiento una serie de irregularidades”, por expresa indicación del ministro Pablo Avelluto.

Más allá de los dos hechos que hoy denuncia la Oficina Anticorrupción, hay otros expedientes que podrían derivar en nuevas denuncias ante la Justicia. Fuentes del organismo oficial señalaron que están trabajando con la nueva gestión del INCAA, encabezada por Ralph Haiek, en mejorar los estándares de transparencia y adecuar sus procedimientos internos para que haya un mayor nivel de control del Estado.

Además de la denuncia de la Oficina Anticorrupción, el juez federal Claudio Bonadio procesó el mes pasado a las ex titulares del INCAA bajo el kirchnerismo, Mazure y Cardozo, por designaciones irregulares en el Instituto de fomento del cine.