Tras fracasar con Freiler, el Consejo de la Magistratura busca el jury contra otros tres jueces

Uno es de Comodoro Py y los restantes del interior del país. Pierde fuerza la acusación contra Rafecas y el macrismo apuesta a dos estrategias para enviar a juicio al camarista federal

“Fue un traspié”, reconoce el funcionario. “Pero salimos muy bien parados”, destaca y prefiere quedarse con esa parte de su respuesta. La pregunta fue cuál era el análisis que el macrismo hacía dos semanas después de fracasar en su intento de enviar a juicio político al camarista federal Eduardo Freiler.

“El kirchnerismo quedó como protector de un juez que no puede justificar 16 millones de pesos y hubo repudio social. Además, sabemos que tarde o temprano vamos a concretar la acusación”, completa uno de los hombres que trabaja en los temas judiciales del gobierno de Mauricio Macri.

“No cambió nada”, dice un consejero consultado . Por eso el oficialismo tiene pensado avanzar en las acusaciones sobre otros tres jueces federales. Son Oscar Hergott, integrante del Tribunal Oral Federal Nº 5, uno de los jueces que juzgan los casos de corrupción de Comodoro Py; Jorge Ferro, juez de la Cámara Federal de Mar del Plata; y Mario Reynaldi, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Cuando el macrismo llegó al gobierno en diciembre de 2015 tenía el objetivo de sacar de la Justicia a algunos jueces federales. La lista la encabezaban cuatro: Freiler, Norberto Oyarbide y Daniel Rafecas -los tres de Comodoro Py, donde se tramitan las causas de corrupción contra funcionarios nacionales– y Carlos Rozanski, de La Plata.

El resultado es 2 a 2. Oyarbide y Rozanski renunciaron el año pasado cuando el gobierno avanzada en sus acusaciones. La situación de Freiler quedó stand by y Rafecas está bajo investigación.

El objetivo central para el oficialismo seguirá siendo Freiler. “Macri tiene el tema en la cabeza”, dice el funcionario sintiendo la presión por lograr el envío a juicio político del camarista.

Freiler fue acusado de mal desempeño por no poder justificar 16 millones de pesos entre sus ingresos y lo que gastó entre 2012 y 2016. El oficialismo puso a discusión la suspensión y el envío a juicio político del juez y perdió. Tiene ocho de los nueve votos que se necesitan. El sufragio de oro lo esperaban de Jorge Candis, representante de los académicos en el Consejo, pero se inclinó por rechazar la acusación.

“Quedamos debilitados”, reconoce el funcionario . “No hubo reproches internos. Sí alguna autocrítica en el apuro de aprobar el tema porque se podría haber hecho una acusación más sólida. Pero lo que se hizo alcanzaba para el juicio político”, analiza.

Freiler también sintió el golpe. Sabe que el gobierno no abandonará su intento de enviarlo a juicio y en los últimos días recibió el descontento que generó su continuidad en el cargo. Una mujer que se identificó con el nombre de Mónica llamó a su despacho de la Cámara Federal. “Estoy cansada de la corrupción” y “quiero saber si está trabajando”, eran las frases que la mujer repetía. Las llamadas las atendió la secretaria del juez.

El optimismo del macrismo en avanzar sobre Freiler se sostiene en dos aspectos. Por un lado, el mismo día en que no se alcanzaron los votos para enviarlo a juicio ingresaron cuatro nuevas denuncias en su contra. Las presentaron la agrupación Será Justicia y el abogado Ricardo Monner Sans -los mismos que hicieron la denuncia inicial contra el camarista- por presuntas nuevas irregularidades en el manejo de su patrimonio.

Las causas quedaron a cargo del diputado del PRO Pablo Tonelli, quien tuvo a su cargo la investigación contra Freiler. En el macrismo creen que estos expedientes pueden robustecer la acusación inicial contra el camarista y lograr así el voto de Candis.

El segundo punto que esgrime el oficialismo es que después de las elecciones de octubre habrá un recambio en el Consejo de la Magistratura de la Nación que facilitaría –confían– para alcanzar el voto que les falta contra Freiler.

En diciembre vence el mandato de los senadores kirchneristas Virginia García -cuñada de Máximo Kirchner– y de Ruperto Godoy. Si no renuevan la banca -todo indica que no se presentarán a elecciones- pierden su lugar en el Consejo. Y deben ser reemplazados por otros dos senadores.

Los reemplazantes más firmes son Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey, dos senadores distanciados del kirchnerismo. “Si el gobierno cree que Pichetto y Urtubey llegan al Consejo y levantan la mano para destituir a Freiler están equivocados. Se van a tomar el tiempo necesario para analizar el caso”, analizó una fuente del bloque peronista en el Senado.

“Ni Pichetto ni Urtubey se van a exponer como el kirchnerismo a defender a un juez como Freiler”, creen en el macrismo. Ambos senadores conocen de cerca el trabajo.

Pichetto integró el Consejo entre 1998 y 2005 y tiene muy buena relación con varios jueces de Comodoro Py. Por su parte, Urtubey fue miembro del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, el tribunal que juzga a los jueces que el Consejo envía a juicio político. Urtubey participó del jury al ex juez de Ejecución Penal Axel López en el que votó por rechazar la destitución.

Ambos senadores son hoy los reemplazantes pero todo puede cambiar en la política sobre todo con una elección de por medio, como las legislativas de octubre. Y ahí aparece el factor Cristina Kirchner. “Si se presenta y gana podría influir en el bloque para las nuevas designaciones y nombrar a un senador cercano, lo que generaría mucha fricción y hasta una ruptura”, especuló un miembro del peronismo.

A la ex Presidente -quien en 2006 impulsó la reforma al Consejo que generó la actual integración de 13 miembros– le sobran motivos para quedar tener un pie puesto en el cuerpo. Tiene una pelea abierta con varios jueces de Comodoro Py por el avance de sus causas judiciales, sobre con Claudio Bonadio, quien la procesó en los expedientes de dólar futuro y “Los Sauces”.

¿La propia Cristina Kirchner podría ser una de las representantes del Senado en el Consejo?, preguntó este medio. Contestó uno de los actuales consejeros: “Es muy difícil que quiera exponerse a perder todas las votaciones”.

El cuarto juez al que apunta el gobierno es Rafecas, quien tiene una causa en el Consejo por desestimar en febrero de 2015 la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán. El macrismo siempre desconfió de los motivos de esa resolución. Cuatro meses después del cierre de la denuncia, la mayoría que entonces tenía el kirchnerismo en el Consejo impulsó el archivo de las dos denuncias más graves contra el juez por el caso Ciccone y las coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

El expediente está a cargo del consejero Ángel Rozas, senador de la UCR, y están declarando testigos. Lo que se investiga es si el juez cerró la causa sin investigar cuando en rigor había motivos para hacerlo, tal como entendió la Cámara Federal de Casación Penal a fin del año pasado y abrió la causa para su trámite.

La situación es muy distinta a la Freiler. Rafecas es investigado por el contenido de una sentencia que el Consejo tiene dicho que está excluido de los motivos para acusar a un juez, excepto que se detecte alguna irregularidad.

Un sector de los integrantes del Consejo observa con cautela y cree que hasta el momento no se incorporó ningún elemento para acusar a Rafecas. “Los jueces no están convencidos de la acusación contra Rafecas. Si esperan acusar a un juez por una resolución judicial están equivocados”, dice otra de las fuentes consultadas para esta nota.

Las próximas acusaciones

En el futuro más cercano, en el Consejo piensan avanzar sobre otros tres jueces.

Uno de ellos es Hergott, acusado de acoso laboral a los empleados de su tribunal. El juez fue denunciado por el gremio de empleados judiciales, encabezado por Julio Piumato, y también por –algo bastante inusual– sus compañeros de tribunal, Adriana Palliotti y Daniel Obligado. Los tres están juzgando actualmente al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por el merchandising antiClarín.

El representante del gobierno en el Consejo, Juan Mahiques, presentará esta semana el pedido para que Hergott sea citado a dar explicaciones por la acusación en su contra, adelantaron las fuentes que trabajan en el caso. Luego que el juez responda, el organismo quedará en condiciones de resolver si lo suspende en el cargo y lo envía a juicio.

También están avanzadas las investigaciones contra los camaristas Ferro y Reynaldi. Ambos están acusados de darle protección desde sus cargos a personas vinculadas con la prostitución y la trata de personas.

Ferro es investigado por proteger al prostíbulo Madahos y en los últimos días llegó al Consejo documentación sobre la causa penal que se abrió en Mar del Plata y en la que constan conversaciones del magistrado con el dueño del local.

Por su parte, Reynaldi -a quien le asignan fuertes vínculos con el kirchnerismo- es investigado por una serie de conversaciones con el comisario Horacio Herrera, acusado de integrar una red de explotación sexual de mujeres en las afueras de Río Gallegos.

Esos dos expedientes están en etapa de prueba y en el Consejo creen que tienen el peso suficiente para citar a los magistrados a dar explicaciones y después avanzar en un juicio político.

“¿Están los votos para las acusaciones?”, es la pregunta que se impone con fuerza ante el traspié con Freiler. “Todavía no hablamos de eso”, responden en el oficialismo.

Fuente: Martín Angulo para Infobae