Trata de Personas: según la ONU Argentina es uno de los países con más condenas

Durante los diez años de vigencia de la ley 26.364, se dictaron 267 sentencias condenatorias respecto de 584 personas. En una nueva conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, el Ministerio Público Fiscal destaca el reconocimiento internacional de nuestro país sobre este tema.

Desde hace varios años, la Argentina integra los primeros puestos de sentencias condenatorias informadas a la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, junto con Brasil y Estados Unidos. Este logro es reflejo del compromiso del Ministerio Público Fiscal que a través de los fiscales federales de todo el país y del equipo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, lleva adelante las investigaciones y acusaciones en juicio oral.

Durante los diez años de vigencia de la ley 26.364, se dictaron 267 sentencias condenatorias respecto de 584 personas. El año 2017 fue el año con más sentencias de este tipo dictadas, alcanzando los 57 casos en los que se obtuvo condena luego de un juicio.

Hace algunas semanas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, divulgó su habitual informe global sobre los esfuerzos de los estados para combatir la trata de personas y ascendió a la República Argentina a la máxima calificación, denominada “Tier 1”.

Entre los logros destacados en ese informe se encuentran el de enjuiciar y condenar a funcionarios cómplices; la identificación y ayuda a más víctimas; el establecimiento y protecciones legales adicionales para las víctimas; el aumento en el número de procesamientos; proporcionar más capacitación a funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil; y mejorar la recopilación de datos.

El informe destacó el trabajo que lleva adelante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, y en esa línea mencionó las 237 investigaciones que abrieron en 2017, en comparación con 298 en 2016 y 358 en 2015.

Por otro lado, señalaron que la corrupción y la connivencia estatal en los casos de trata continúan siendo preocupaciones significativas, aunque el gobierno ha hecho progresos en 3 casos reportados previamente, entre los que se encuentran el de la condena a un intendente de la ciudad de Lonquimay, provincia de La Pampa, involucrado en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.

Por su parte, la Protex, con motivo del día Internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas, actualizó datos sobre la investigación de este tipo de casos y brindó nuevas estadísticas.

En ese sentido, destacaron que el 2017 fue el año que más denuncias recibieron en la línea 145, el centro de llamadas que co-administran junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En ese sentido, la procuraduría especializada puntualizó que las denuncias de trata sexual son las más habituales, seguidas, por una amplia diferencia, por la de búsqueda de personas y luego muy cerca de las de explotación laboral.

A su vez, señalaron que en 2017 fue el año en que más condenas hubo sobre todo en casos de trata de personas con fines de explotación sexual, representando el 80%, siendo muy dispar sobre las condenas por casos de trata laboral, equivalente al 20%.

Finalmente, se destaca una reducción en el inicio de investigaciones preliminares que resulta acorde con el aumento de los casos que ingresan por la línea 145 y son analizados por PROTEX en 48 hs. y luego judicializados en las distintas jurisdicciones del país.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas sigue trabajando activamente en el marco del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y, desde allí, lleva adelante numerosas acciones vinculadas con el mejoramiento de la persecución penal, la reparación a las víctimas y el recupero de activos. Para cumplir con estos objetivos, cuenta con la colaboración y el apoyo de la Dirección General de Recupero de Activos y la Dirección General de Análisis Criminal, ambos de la Procuración General de la Nación.

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