Veedores judiciales rechazan argumentos de juez y Casación contra López y De Sousa

Tres veedores judiciales derribaron uno de los argumentos del juez Julián Ercolini para encarcelar a Cristóbal López y Fabián De Sousa y que llevaron a la apertura de otra causa penal en la que se los acusa por haber realizado maniobras para burlar la inhibición de bienes con una supuesta venta de su holding a otro grupo empresario.

Fuentes judiciales confirmaron que tres veedores judiciales que habían sido designados en el marco del concurso de Oil Combustibles fueron coincidentes al negar que López y De Sousa hayan realizado una venta al denominado Grupo Ceibo, encabezado por Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre y en cambio señalaron que se trató de una presentación de una carta de intención de compra. Lo que mostraría la arbitrariedades del juez Ercolini y la Cámara de Casación.

Las declaraciones fueron realizadas en una causa llevada adelante por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal federal Ramiro González, abierta por orden de Ercolini, y en la que se sospecha de una acción fraudulenta con el pase de la empresa Oil cuando la misma estaba sujeta a una inhibición dispuesta en el expediente en el que se acusa a los empresarios de no pagar el impuesto de combustibles.

Los veedores que declararon son Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva, según dijeron las fuentes. Los testimonios fueron coincidentes en cuanto a que no hubo una venta sino una carta de intención de compra.

Uno de los que prestó declaración testimonial ante Martinez de Giorgi es Francisco Cárrega, quien había sido designado interventor coadministrador judicial en el expediente por la quiebra de Oil por el juez Javier Cosentino,

“Desde el punto de vista societario estrictamente, las acciones no se habrían transferido. A tal punto ello es así, que las asambleas a las cuales compareció la intervención, también concurrió como accionista Fabián De Sousa (el mismo día que lo detuvieron), Petrolera Cerro Negro y Oil M& S y en esas asambleas se comenzó a considerar la renuncia de los directorios de Rosner y Dellatorre y su reemplazo instado por De Sousa personalmente”, declaró Cárrega.

“Algo habrá ocurrido entre las partes de ese contrato, porque Delatorre le pidió la quiebra a Cristóbal López en un expediente que tramita en fuero comercial por trescientos o algo más, de millones de pesos”, añadió.

Cuando el juez le preguntó si le consta de algún modo que sin perjuicio de la materialización de las transferencias en cuestión, si Cristóbal López o Fabián De Sousa hayan recibido algún pago por las mismas, contesto “negativamente”, de acuerdo a la declaración.

Contó el testigo que su función estaba acotada a la observación de la gestión y la información sobre la misma al tribunal, sin injerencia en los actos de administración ordinaria, controlando, vigilando el funcionamiento del órgano de administración o directorio de la sociedad.

Luego explicó que Rosner y Dellatorre se presentaron como representantes de una sociedad identificada como OP Investments, sociedad esta que sería la cabeza del denominado “Grupo Ceibo”. A través de su gestión, los interventores manifestaron que ese grupo aparecía como “pretenso adquirente de las acciones pertenecientes a las sociedades que integraban el denominado grupo Indalo”.

Las mismas fuentes explicaron que el juez Martinez Di Giorgi debe ahora determinar si hubo o no venta y por ende violación a la medida cautelar de inhibición de bienes dispuestas por Ercolini. El próximo paso será analizar en detalles todos los libros societarios.

En esta causa están imputados además de Cristóbal López y De Sousa, Rosner y Delatorre. Para Ercolini, se desplegaron diversas conductas tendientes a impedir la conservación del patrimonio del grupo, algo que aún no fue probado.

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