Volvió a demorarse la ley de escuchas judiciales que pide Lorenzetti

El Senado postergó la votación. Aprobaron régimen de subrogancias y reformas al Código Procesal Penal.

Por segunda semana consecutiva, el Senado no trató el proyecto de ley para ratificar el control de la Corte Suprema sobre las escuchas judiciales, con un rígido protocolo de custodia para evitar nuevas filtraciones.

El proyecto fue presentado por Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey y es anhelado por Ricardo Lorenzetti, temeroso de perder el control de la oficina de escuchas que Macri le transfirió en diciembre de 2015 para quitárselas ala entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Lo alertó un pedido de informes que Elisa Carrió gestionó con la oposición en Diputados.

La ley que promueve Pichetto prevé sanciones en caso de filtración y un control minucioso del material cuando sale de la máximo Tribunal. Fue avalado en comisión por Cambiemos, iba a aprobarse la semana pasada, se pasó a esta para tratarse junto al régimen de subrogancias y reformas al Código Procesal Penal, pero antes de votarse el oficialismo levantó la sesión.

La ley de escuchas es un reclamo de Ricardo Lorenzetti para ratificar su control del sistema de escuchas y fijar un control para evitar filtraciones y sancionar a los culpables. Por segunda semana seguida no se trató. Esta vez, la explicación fue que estaba por llegar Marcos Peña para brindar su informe de gestión.

“Estamos a 15 minutos de la visita de Marcos Peña, pido una moción para que haya un cuarto intermedio”, planteó el formoseño Luis Naidenoff, jefe del interbloque oficialista. Nadie se opuso pero Pichetto se lavantó furioso de su banca y el formoseño y Federico Pinedo tuvieron que contenerlo.

No venía bien: minutos antes se había enojado porque el fotógrafo oficial de la Cámara le hacía tomas cada vez que entraba al recinto. Gabriela Michetti lo miró incrédula.

El debate había empezado al mediodía con la sanción de la ley de subrogancias judiciales, una nueva regulación para cubrir vacantes en los tribunales y evitar abusos de los gobiernos de turno.

Fue sancionado por unanimidad porque el kirchenrismo no había hecho objeciones en la Cámara baja y la ex presidenta mantuvo la línea.

Pero no se quedó callada: repasó en media hora los movimientos de jueces y fiscales de supuesta afinidad con el Gobierno; y denunció “un plan sistemático para apoderarse del Poder Judicial y tener un Poder Judicial diseñados de la carta”.

“Se está construyendo un escudo judicial. Hay hechos muy puntuales”, sostuvo y enumeró la designación de dos jueces en comisión en la Corte en el inicio de mandato de Macri y el traslado de escuchas judiciales de la Procuración a la Corte, en su primera navidad como ex presidenta.

Cristina se animó a una moción para volver las reformas del Código a comisión. Federico Pinedo tuvo que arriar a sus senadores ausentes al recinto para evitar contratiempos.

La ex presidenta también había hablado de escuchas. “¿Imaginan lo que hubiera sido si las escuchas aparecían en mi Gobierno?”, se preguntó. “Este es el único país en el que la oposición presenta esos proyectos”, chicaneó a Pichetto y Urtubey.

Las reformas del Código Procesal sólo fueron rechazadas por los 9 del FpV y los dos del interbloque Progresistas. Se abstuvieron los dos puntanos.

Como con las escuchas, el proyecto también fue escrito por el senador Urtubey en diálogo con Germán Garavano, que ya lo considera uno de los suyos. “Da la sensación de que el tiempo se detuvo el 10 de diciembre de 2015. Parecería que desde entonces nada de lo que se haga acá tiene validez”, se molestó el salteño.

El texto actualiza el código introduciendo en sus articulados figuras penales aprobadas en los últimos meses, como flagrancia, arrepentido y responsabilidad penal empresaria.

“Se trata de normas que introducen cuestiones procesales que no se compadecen con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, hubo que hacer una tarea de ensamble y había que acomodar el texto”, explicó Urtubey.

Por pedido de las ONGs y de la oposición se eliminó un artículo referido a un sistema de vigilancia remota que permitiría intervenir teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico.

Otro cambio fue el artículo 7 del dictamen respecto a la prisión preventiva, que sustituía el artículo 17 del Código Procesal, también sufrió modificaciones. “Se vuelve a la redacción original en la acreditación del peligro real de fuga u obstaculización de investigación”, explicó Urtubey sobre este punto que también había recibido cuestionamientos.

Respecto al artículo 16, precisó, sobre las funciones del Ministerio Público Fiscal “se vuelve a establecer la intervención de la Procuración de establecer la especialización de la investigacion mediante fiscalias temáticas”.

En el caso del artículo 22 vinculado a la colaboración entre fiscales federales y provinciales se quitó la palabra “encomendar” para que quede claro que se trata de una coordinación y no de una subordinación de fiscales federales a los provinciales.

El artículo 25 sobre escuchas telefónicas se refería la penalización a quienes filtren mencionaba sólo a empleados y excluía a jueces y fiscales de la responsabilidad, por lo que “se vuelve a poner que la responsabilidad penal es también de funcionarios y magistrados”.

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